"La Siniestra siniestrabilidad Laboral"
(Texto extraido del Ep Sindios/@patia-No, 2001)
España tiene el doble de accidentes de trabajo que la media de la Unión europea. Este dato la situa más próxima a países del tercer mundo que de las sociedades más industrializadas. En 1999 se produjeron 1.566 accidentes mortales de un total de 869.161, según cifras oficiales. La realidad hay que estimarla sensiblemente superior, dada la estructura empresarial de este país, con 2.600.000 empresas, el 70% de las cuales carece de empleados, y por tanto, no se cursan partes de accidentes ni se producen bajas laborales. Las jornadas no trabajadas por esta causa fueron 22 millones. En la U.E. los accidentes laborales, en el mismo periodo, fueron 5 millones con un coste entre 30 y 45 billones de pesetas. La Agencia Europea de Seguridad, declaraba que la tasa de accidentes en España es "inaceptablemente alta".
En 1996 entraba en vigor la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, habiendo transcurrido el tiempo suficiente para obtener algunas conclusiones y señalar distintas responsabilidades. La ley homologaba sobre el papel la legislación europea, pero la realidad cotidiana es otra: no se imparte formación, la información no fluye suficientemente y las políticas preventivas son nulas, con la excepción de unas pocas medianas y grandes empresas. La razón es obvia, incorporar como parte inseparable de la actividad empresarial la seguridad y salud laboral, genera gastos que a la patronal le cuesta asumir. El promedio de trabajadores por empresa es de cuatro y el 80% de aquellas pertenecen al sector servicios. Poco se ha hecho desde las organizaciones empresariales para intentar cambiar la mentalidad de los propietarios y directivos, limitándose a enviarles algunas circulares informativas. La actuación más frecuente ante los siniestros sigue siento culpabilizar a los accidentados por supuestos descuidos y negligencias.
Hace cinco años que se modificó el código penal, incorporando diversos delitos contra los trabajadores, siendo ínfimas las condenas en este espacio de tiempo, lo que posibilita que los empresarios sigan actuando con total impunidad.
La Inspección de Trabajo sufre graves carencias de medios materiales y recursos humanos, a pesar del incremento de los accidentes y los cambios legislativos. Aún no cuenta con grupos especializados ni disponen de directrices claras de actuación.
La Fiscalía del Estado ha manifestado recientemente la intención de crear una división contra la siniestrabilidad laboral con ramificaciones provinciales, con el fin de actuar con más rapidez y tratar de evitar la ocultación y desaparición de pruebas después de producidos los accidentes. Declara igualmente la necesidad de coordinarse con la Inspección de Trabajo, manteniendo reuniones bimensuales.
Es una bonita declaraciión de intenciones realizada con años de retraso y a la espera de la correspondiente dotación económica que posibilite su puesta en práctica. Cómo el Fiscal General sa apellida Cradenal nos anima a pensar que tendrá más sensibilidad en esta área, a pesar de su parcialidad y descarado apoyo al gobierno.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dispone de un régimen sancionador que en la practica no se aplica, vaciando de contenido las actas de infracciones, cuando éstas se han cumplimentado de forma objetiva y veraz.
¿Quienes son los responsables de este desolador panorama?
El Gobierno
legisla soluciones que resultan inoperantes en la practica lo que nos induce a pensar en la dejación cómplice y en la autojustificación demagógica.
Se financian campañas de dudoso resultado en lugar de actuar sobre la temporalidad y precariedad en el empleo (uno de cada tres trabajadores es temporal actualmente) y regular la subcontratación (el Partido Popular se ha opuesto recientemente en el Parlamento a un proyecto de regulación en el sector de la construcción, que es el que causa el mayor índice de siniestrabilidad) y establecer mecanismos de control en las 400 E.T.T. (Empresas de Trabajo Temporal) que operan en este momento en España y que el pasado año generaron 2 millones de contratos de "puesta a disposición" (auténtica carne de cañón), además de proveer presupuestariamente a la Inspección de Trabajo y a la Fiscalia del Estado para disminuir paulatinamente su actual ineficacia.
Los Jueces y Magistrados
son sopechosamente indulgentes a la hora de aplicar las leyes y reglamentos, zanjando la mayoría de los casos con sentencia absolutoria para la empresa. Citemos un caso reciente: El Tribunal Supremo ha excluido cómo accidente laboral el fallecimiento de un trabajador en su domicilio, aún estando en situación de disponibilidad para la empresa.
Los empresarios
en total sintonía con el Gobierno y los jueces inclumpiendo las leyes y actuando descaradamente contra los trabajadores. Es frecuente, después de una baja por accidente, no readmitir al trabajador cuando su contrato es de "puesta a disposición, obra o servicio, sustitución, inmigrantes sin papeles, etc..." La jesuiticas declaraciones de estos "facticos" se limitan a traducir a pesetas los costes que generan los accidentes en atención sanitaria, complementos salariales, absentismo laboral, etc. y en demagógia y repentinas intenciones de enmendar esta situación en el futuro. No recuerdan a los fallecidos ni a su familia, victimas de otro tipo de terrorismo, el TERRORISMO EMPRESARIAL.
Los sindicatos
menos minoritarios protestan timidamente, pero una vez conseguida alguna prebenda económica se olvidad hasta la siguiente ocasión.
Los trabajadores y trabajadoras
también tienen su parte de responsabilidad no exigiendo las evaluaciones de factores de riesgo, no reclamando los E.P.I. (Equipos de protección individual) y en general no planteano con carácter prioritario formación en esta materia, y otras veces no denunciando las irregularidades que observan y padecen, sin tener demasiado interés en organizarse en sindicatos no vendidos al poder.
En definitiva el diagnóstico es pesimista. Estamos cómo en el caso de los accidentes de tráfico, a recibir periodicamente las frías cifras de los deceso producidos por las razones anunciadas, sin tomar acciones que permitan corregir esta lacar social en un plazo razonable.
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